El Gobierno facilitará la renovación de permisos de residencia y trabajo para inmigrantes impactados por la dana en España.

El Gobierno está elaborando medidas para simplificar trámites y prorrogar las autorizaciones de residencia y trabajo de los inmigrantes afectados por la dana. La responsabilidad recae en el Ministerio de Migraciones y, de acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS, se está trabajando en diversas opciones que beneficiarán a cientos de extranjeros que residían o trabajaban en alguno de los casi 80 municipios devastados por el temporal entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, siendo la gran mayoría en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el impacto de la medida será más limitado de lo inicialmente previsto, ya que solo beneficiará a los extranjeros en situación regular o aquellos que están a la espera de la concesión de una autorización. En un principio, el texto era más ambicioso y contemplaba una vía para regularizar de manera extraordinaria a los inmigrantes sin documentos. Fuentes ministeriales indican que, aunque no se ha descartado, la regularización extraordinaria no se incluirá en estas instrucciones.

El objetivo del ministerio es que los inmigrantes no se vean empujados a una irregularidad sobrevenida porque no pueden renovar sus permisos o porque, tras el temporal, ya no cumplen los requisitos para obtenerlos. La catástrofe puso patas arriba la normalidad de miles de personas y en el caso los extranjeros la renovación de sus permisos pasó a depender, por ejemplo, de mantener el empleo en empresas que ya no está en condiciones de ofrecerlo o de continuar dados de alta como cuidadores de alguno de tantos ancianos fallecidos durante el temporal.

Las prórrogas automáticas de las autorizaciones de residencia y trabajo ya se han puesto en marcha en otras ocasiones excepcionales más recientes. Ahora, como ya ocurrió en la pandemia, el Gobierno ha constatado que los extranjeros están teniendo muchas dificultades para presentar sus solicitudes de renovación, algo que perjudica a los inmigrantes, pero también a los empresarios. Así lo describe el texto que debe aprobar el Consejo de Ministros en una fecha que aún no se ha concretado: “Está generando gran inseguridad jurídica tanto para las personas extranjeras afectadas, como para las personas empleadoras y el resto de operadores sociales y económicos”.